De enero de 2018 a febrero de 2024 han sido atacadas 113 familias de políticos por parte del crimen organizado, según la investigación “Votar entre balas” de la organización Data Cívica.
Los grupos del crimen organizado realizan esos ataques con el propósito de influir en las decisiones políticas y en los procesos electorales, sobre todo en el espacio local, al presionar a los políticos y precandidatos.
En estos seis años, los estados donde se concentra el mayor número de actos de violencia contra políticos, precandidatos y sus familias son: Guerrero (195); Guanajuato (175); Veracruz (165); Oaxaca (118); Jalisco (97) y Morelos (96). Cuatro gobernados por Morena, uno por el MC y otro por el PAN.
El comportamiento de la violencia y los asesinatos en estos últimos años ha sido el siguiente: en 2018, 12 asesinatos y una amenaza; en 2019, 11 asesinatos, tres ataques armados, dos desapariciones y un secuestro.
En 2020, nueve asesinatos; en 2021, 13 asesinatos y dos ataques armados; en 2022, 21 asesinatos, tres atentados, un ataque armado y un secuestro; en 2023, 20 asesinatos, cinco ataques armados, cinco secuestros y un atentado.
El incremento del nivel de violencia en 2022 y 2023 alcanza niveles significativos con relación a los años anteriores. Los asesinatos en estos dos años suman 41 y la suma de los cuatro anteriores 45.
Durante enero y febrero de 2024, antes del arranque del proceso electoral, son 17, más de la mitad, los estados donde han ocurrido el mayor número de actos de violencia en contra de políticos, candidatos, precandidatos y sus familias son: Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Colima, Estado de México, Zacatecas, Morelos, Veracruz, Chispas, Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco. De ellos 14 están gobernados por Morena, dos por el MC y uno por el PAN.
En los primeros tres meses de 2024 son ya 30 los políticos, candidatos y precandidatos asesinados. Si se añade a sus acompañantes, el número rondaría en los 40 o más.
Y todavía no hay quien contabilice el número de los otros actos de violencia. Y tampoco existen valoraciones que midan el efecto de esas acciones criminales en ámbito electoral.
¿Cuántas candidatas y candidatos renunciaron a participar? ¿Cuántas candidatas y candidatos fueron impuestos por los grupos del crimen organizado? ¿Cuántas candidatas y candidatos le van a deber su triunfo a los grupos del crimen organizado?
Es evidente, sobre todo en algunas regiones del país, que los grupos del crimen organizado se han convertido en el “gran elector”, no son los partidos quienes eligen a las y los candidatos, son ellos.
Y no son tampoco los electores quienes eligen a sus representantes sino los grupos del crimen organizado a través de una compleja, pero efectiva red de mecanismos que condicionen el resultado en las elecciones.