A lo largo de 2023, el Ejército y la Marina recibieron 486 agresiones de grupos del crimen organizado, según datos del gobierno Federal.
En 2019 fueron 291 los ataques; en 2020, 446; en 2021, 369 y en 2022 llegaron a 409. De 2019 a 2023 el crecimiento de los ataques fue del 67%.
El 2023 ha sido el año que los militares han recibido el mayor número de agresiones en lo que va del sexenio, antes había sido en 2020.
La estrategia de seguridad diseñada por el presidente López Obrador, que se sintetiza en “abrazos y no balazos” y no “usar la fuerza pública porque genera más violencia”, abre el espacio para mayores agresiones a los militares.
Los ataques contra las Fuerzas Armadas son en su gran mayoría de grupos del crimen organizado, pero también los hay de parte de la población civil.
Que, la más de las veces, forma parte de la base social de los grupos del crimen organizado, quienes rechazan la presencia de los efectivos miliares en sus comunidades.
Militares de alto rango con los que me he entrevistado manifiestan su descuerdo con la estrategia de seguridad del presidente que les impide enfrentar a los grupos del crimen organizado.
Señalan que los responsables de las regiones y zonas militares ven cómo el crimen organizado avanza en su control del territorio. Tienen prohibido actuar y para hacerlo requieren de permiso especial.
Las Fuerzas Armadas son omisas como parte de la estrategia diseñada y animada por el comandante en jefe a pesar del malestar que existe en amplios sectores de los efectivos militares y navales.
A estos datos se suman los policías que han sido asesinados que en lo que va de la presente administración son ya 2230, según la organización Causa en Común.
En 2019, ya en el gobierno del presidente López Obrador, fueron asesinados 446 policías; en 2020, en plena pandemia del Covid-19, 524; en 2021, 401; en 2022, 408 y en 2023, 412.
Las tres principales causas del asesinato de los policías son: ejecuciones, emboscadas y enfrentamientos. Y quienes las realizan son en la gran mayoría de los casos grupos del crimen organizado.
Para Causa en Común, el incremento del presupuesto a las Fuerza Armadas ha ido en detrimento del presupuesto que se otorga a las policías estatales y municipales.
Prueba de esto es la eliminación del subsidio federal de apoyo a municipios y la reducción del fondo de apoyo a los estados, que en cada uno de estos suman miles de millones de pesos.
El Proyecto Azul Cobalto, que dirige Daniel Gómez-Tagle, ha documentado que a los policías no se les dota del equipamiento que necesitan para su tarea.
Se le da, por ejemplo, fusiles de asalto a quienes realizan tareas de vigilancia en la ciudad, cuando se sabe que para una tarea de estas características lo que se necesitan son pistolas.
Los grupos del crimen organizado mantienen un ataque constante a las Fuerzas Armadas y a las policías municipales y estatales. Saben que por su acción del gobierno federal recibirán “abrazos y no balazos”.