Los académicos especializados en el tema de la violencia y las consultoras privadas de seguridad coinciden en señalar que el proceso electoral de 2024 será el más violento en la historia reciente del país.
Su proyección se basa en la expansión del control territorial del crimen organizado en los poco más de cinco años que lleva esta administración y que de los 20 293 cargos en disputa, 1802 corresponden a presidencias municipales con sus correspondientes regidurías.
Los estados que concentran el mayor riesgo de violencia electoral son Guerrero, Veracruz, Michoacán, Jalisco, Colima, Chiapas y Morelos. Seis gobernados por Morena y uno por el MC.
Según Integralia, consultora que dirige Luis Carlos Ugalde, en esas entidades los grupos del crimen organizado influyen en el proceso electoral a partir de:
1. Asesinatos, amenazas y agresiones contra funcionarios y candidatos, para obligarlos a cooperar.
2. Financiamiento de campañas a favor de los partidos y candidatos con los que negociaron.
3. Imponiendo candidatos que aceptaron colaborar con ellos.
4. Movilizando o inhibiendo el voto para favorecer a su candidato. Entrega de dinero, despensas y también amenazas.
5. Interviniendo el día de la elección para destruir boletas o secuestrar urnas. También con agresiones o amenazas a los funcionarios de las casillas.
El obligarlos a cooperar incluye que las y los candidatos desistan de participar en la contienda. Hay quien calcula que en la actual elección ya van entre 2000 y 3000 que tomaron esta decisión. No existe una cifra oficial.
Algunos especialistas sostienen que cuando el gobierno federal minimiza la situación y dice que no pasa nada, lo que lo lleva a no actuar, propicia la violencia por omisión y se convierte en cómplice de quienes la ejecutan.
El 29 de marzo, la organización Laboratorio Electoral ofreció un informe donde sostiene que ya había 26 asesinatos en este proceso electoral que ya son más que en 2018 (24) y menos que en 2021 (30).
En el registro diario que yo llevo, a partir de reportes de prensa, de septiembre de 2023, cuando formalmente arranca el proceso electoral, al 12 de abril, eran ya 36 los políticos y candidatos asesinados.
A los asesinatos hay que sumar los diversos tipos de violencia ejercida contra políticos y candidatos, que en este mismo periodo, se han registrado 300 casos asociados a 399 víctimas. Un promedio de 1.8 víctimas diarias.
Según Integralia, los aspirantes a presidentes municipales concentran el 73% de las agresiones, los cargos estatales el 7.3 % y los federales el 4.5%.
Para los grupos del crimen organizado su mayor interés está en los municipios que les ofrecen mayor rentabilidad por los recursos financieros que se manejan.
Al final del actual proceso electoral federal vamos a saber si fue o no más trágico que el de 2018 con 112 asesinatos y el de 2021 con 102 asesinatos.