Tragedia. La muerte de más de 50 migrantes en la caja de un tráiler es el ejemplo más claro y más lamentable de un problema que se agudiza y que involucra a toda una región del mundo, a gobiernos de todos los niveles y que, de no atenderse de forma integral, podría volver a ocurrir con tal magnitud.
Un conductor en el sureste de San Antonio, Texas, se topó con un tráiler abandonado. Escuchó gritos y vio la puerta de la caja entreabierta. Dentro estaban los cuerpos sin vida de decenas de migrantes. Algunos lograron sobrevivir y les quedó fuerza para pedir ayuda. Así se reveló una de las tragedias más grandes de los últimos años relacionadas con el tráfico de personas.
Entre las víctimas hay dos decenas de mexicanos, también personas originarias de Guatemala y Honduras. Como era de suponerse, la mayoría centroamericanos arriesgando su vida para buscar mejores condiciones en Estados Unidos, un país que les ha dado mucho pero por un precio muy alto.
Pero qué situaciones llevaron a que más de 50 personas perdieran la vida en la caja de un tráiler. Por un lado, la necesidad de buscar mejores condiciones que en su lugar de origen no existen o que están limitadas por diversos factores. La violencia y la inseguridad también son detonantes de estos movimientos hacia el norte del continente.
También se puede poner sobre la mesa que los gobiernos de México y Estados Unidos implementan políticas migratorias basadas en la persecución y la criminalización que han obligado a las personas a buscar rutas cada vez más inseguras. En este punto entran a escena los grupos del crimen organizado que lucran con la vida de las personas y operan, si no al amparo de las autoridades, sí de forma abierta y con impunidad gracias a su poder corruptor.
¿Qué puede hacer la sociedad en general por este caso? Primero lamentarse y después cuestionar a las autoridades como esta y otras tragedias ocurren y qué se está haciendo para evitarlas. Cuáles serán los cambios en la política migratoria y cómo se trabajará entre países a partir de ahora.
Quienes digan que nadie obligó a las personas a ser víctimas, que cuál era la necesidad de estar ahí, o que ellos tienen la culpa de su terrible final, solo demuestran que desde una posición privilegiada las situaciones de este tipo se minimizan entre destellos de racismo y clasismo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Joe Biden tendrán mucho que hablar al respecto en su reunión del 12 julio. El tema central, por supuesto, será la forma de atender la migración y la seguridad en la frontera. Se espera que de ese encuentro deriven medidas ejemplares.
Ahora corresponde a las autoridades consulares brindar todo el apoyo necesario a las familias de las víctimas y comprometerse a que habrá justicia, respuestas, acciones para que nunca más la vida de personas se apegue dentro de la caja de un tráiler.
Vigilancia. Hablando de tragedias, la que ocurrió la semana pasada en Chihuahua sigue siendo tema de análisis y de cuestionamientos. El asesinato de dos sacerdotes y un guía de turistas en Cerocahui, Urique, desató la exigencia de justicia y de una mayor presencia de policías en la zona de conflicto.
Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dijo que habrá elementos de esa corporación de manera permanente trabajando en conjunto con personal del Ejército y la Guardia Nacional. Esa ha sido una instrucción de la gobernadora Maru Campos Galván.
Los destacamentos forman parte de la respuesta de las autoridades al caso que trastoca a la Iglesia católica, especialmente a la Compañía de Jesús, y que ha generado un nuevo compromiso entre los funcionarios para llegar a la pacificación y reconciliación de las personas.
Si bien que haya más policías no significa que haya más seguridad o los delitos vayan a disminuir, es una forma de empezar y demostrar que hay voluntad para combatir al crimen organizado, que particularmente en la Sierra de Chihuahua se ha apoderado de los territorios y obligado al desplazamiento de personas. Se espera pues que haya resultados pronto.
Lo peor. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor, que incluía el porcentaje de la inflación en México para la primera quincena de junio. La cifra fue de 7.88 por ciento, una nueva escala en el país, y por lo tanto, el encarecimiento de algunos productos.
Este escenario ha sido aprovechado por los políticos de oposición para criticar las acciones u omisiones del Gobierno de México para evitar el incremento de precios. El plan contra la inflación aún no se concreta y la situación disgusta a la población.
Para el diputado local, Francisco Sánchez Villegas, lo peor aún está por venir. La aplicación de ciertos impuestos, las dádivas a las personas, el ambiente complicado en otros países y los problemas de la economía mexicana son los elementos idóneos para una crisis que puede golpear fuertemente a las personas, la mayoría indefensas a problemas como estos.
El legislador de Movimiento Ciudadano aseguró que se impulsarán reformas para impedir que la inflación siga ahorcando a los mexicanos, y estas sí serán efectivas. Ahí está la promesa, y para que se vuelva una realidad, hay que esperar y estar pendientes del proceso.
