Distintas tragedias han marcado a Ciudad Juárez, pero una muy reciente dio la vuelta al mundo y obligó a las autoridades mexicanas a cambiar o tratar de cambiar su política sobre el tema. El incendio en el centro de detención del INM es una herida que no ha cerrado a un año de que ocurrieron los hechos.
La muerte de 40 personas puso en evidencia lo que por años se había denunciado: falta de organización para abordar el fenómeno, prácticas cuestionables, indiferencia, instalaciones rústicas. Lo que derivó exhibió otro punto: la búsqueda de justicia es un camino larguísimo.
Las autoridades estatales han coincidido en que después de la tragedia poco se ha avanzado en materia migratoria. Han surgido esfuerzos emergentes para atender ciertas situaciones, como los campamentos de migrantes, los viajeros de los trenes y el incendio en el INM, pero a largo plazo, la no política es la misma.
Organizaciones civiles están en la misma sintonía, a un año de la tragedia no se ven los cambios solicitados, incluso en el Consejo Ciudadano del INM afirman que falta mucho por hacer. Estar relacionado al organismo federal no significa que tengan la misma opinión. La crítica también llega de dentro.
Las posturas contrastan con las de las autoridades federales, empezando por el presidente AMLO, quien afirma que su gobierno tiene una política migratoria muy clara, hay cooperación con otros países para evitar la movilización forzada, y ha reiterado que para cambiar el fenómeno se deben atender las causas.
El Instituto informó que 29 de las 40 familias de las personas fallecidas han recibido una indemnización. El resto está en proceso de evaluación. Además, los familiares de los sobrevivientes, que suman 27, también están pendientes del apoyo porque las autoridades deben cerciorarse que lo merecen.
Las personas seguirán esperando ese apoyo, aunque ellas hubieran preferido tener a sus familiares con vida.
El Tribunal Estatal Electoral dio uno de sus primeros golpes sobre la mesa en medio del proceso para renovar miles de cargos. El organismo tomó una determinación sobre tema de regidurías y diputaciones plurinominales que previamente el Instituto Estatal Electoral había elaborado un acuerdo.
Dos partidos presentaron quejas ante el TEE por las reglas de asignación de las regidurías y diputaciones por representación proporcional. Los integrantes tomaron el caso y emitieron la resolución sobre la asignación de cargos regidurías, que no debe ser igual a la de diputaciones.
En consecuencia, ordenó revocar de manera parcial el acuerdo emitido por el Instituto, con la finalidad de que dicha autoridad cumpla lo establecido en la Ley con relación al proceso de asignación de regidurías de RP. El tema de los regidores ha sido uno de los que más se ha buscado regular.
La campaña federal sigue su curso y los aspirantes lanzan sus propuestas. Uno de ellos es Julio César Cortez, quien aspira la Distrito 01 con Movimiento Ciudadano. La demarcación comprende zonas populares como Las Torres, San Pancho y El Granjero, la mayoría personas dedicas al trabajo en maquila y el comercio.
Para este sector, Cortez ha hablado de la posibilidad de presentar reformas para el tema de vivienda. Que las personas puedan regularizarse y tener acceso a espacios dignos, que se aprovechen las estructuras ya disponibles y se mejoren los servicios para los trabajadores y sus familias.
También ha resaltado la importancia de mejorar el transporte en aquellas zonas para así evitar la saturación de las calles con autos particulares y que las personas no estén limitadas por la falta de un medio para llegar a los lugares que deseen aun cuando sea tarde o haya mucha demanda.
La reforma para reducir la jornada laboral también está dentro de los planes de Cortez. Por supuesto que hay sus reservas: que su aplicación no genere afectaciones a la economía. Veremos si estas propuestas son suficientes para sumar apoyo.
