El 26 de febrero pasado un conjunto de más de 100 organizaciones de la sociedad civil organizada, invitaron a una concentración nacional en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador y en defensa de la autonomía del INE.

La ciudadanía aceptó la invitación y se hizo presente en las plazas públicas de por lo menos 100 ciudades. Los cálculos más conservadores estiman que el total de las personas reunidas en esos espacios sumó entre 500 000 y 600 000.

En una veintena de ciudades del mundo grupos de mexicanos también se manifestaron sumándose a las concentraciones de México. Así, en total hubo 120 reuniones en otros tantos sitios.

Una característica fundamental de todos estos encuentros es que las personas participaron de manera libre y llegaron a las plazas por su propia cuenta.

En respuesta a estas 120 concentraciones, el presidente invitó, en su comparecencia mañanera, a una que tendría lugar el 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, para celebrar la Expropiación Petrolera.

Son 100 000 las personas que caben en el Zócalo, como lo han señalado diversas instancias a partir de mediciones en la plaza, entre ellas la propia policía de la Ciudad de México.

El pasado sábado, por la disposición del Zócalo, una parte ocupada por sillas para invitados, que se colocaron frente a Palacio Nacional, reunió a menos de 100 000 personas.

La gran mayoría de las que se hicieron presentes fueron llevadas por las estructuras de MORENA o de gobiernos de MORENA, a los que se les dieron cuotas con el número de “acarreados” a reunir.

La diferencia en números entre las dos concentraciones invita a la reflexión. En una hubo 120 ciudades con 500 000 o 600 000 participantes y en la otra solo en una ciudad y menos de 100 000 asistentes.

Quien organizó la primera fue la sociedad civil y la segunda el gobierno federal. Una primera conclusión: La sociedad civil organizada es más capaz de convocar a la ciudadanía que el gobierno.

La sociedad civil organizada, a la que sistemáticamente ataca el presidente López Obrador, debe ser más consciente de su capacidad de convocatoria y de su poder.

A partir de esta fuerza, que es evidente, debe pensar con cuidado los pasos a dar, para modificar la actual correlación política en el país.

Los partidos políticos de oposición son quienes tienen los registros oficiales para participar en las elecciones, eso no está en duda, pero no tienen la capacidad de convocatoria de la que goza la sociedad civil.

Urge la acción concertada de los partidos y la sociedad civil organizada, que es estratégica y va más allá de solo las candidaturas a puestos de elección popular.

Al sentarse a la mesa se debe partir de dos realidades, ya mencionadas: Los partidos tienen los registros para participar en las elecciones y la sociedad civil la capacidad de movilizar a la ciudadanía.

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