San Salvador.- El presidente de El Salvador Nayib Bukele advirtió el martes que el Estado desatará todo su poder en contra de las pandillas que emboscaron y asesinaron a tres policías cuando daban seguridad en una populosa comunidad del occidente del país.
“Quiero informarles que hoy sucedió un ataque contra las fuerzas policiales. Esto es inédito, tener un ataque contra policías es algo muy duro y nos demuestra que las pandillas siguen allí con fuerza para atacar”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en Casa Presidencial.
Visiblemente molesto, confirmó que tres agentes de la Policía Nacional Civil, dos hombres y una mujer, murieron en una emboscada perpetrada por supuestos pandilleros en la comunidad La Realidad, del municipio de Santa Ana, a 56 kilómetros al noroeste la capital.
El Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil identificó a los fallecidos como el inspector, Carlos Mauricio Velásquez Rodríguez, y los agentes Franklin Antonio Lemus Mágico y Martha Lisseth Alas González.
“Van a pagar caro por el asesinato de estos tres héroes que dijeron su vida por proteger a la población”, dijo Bukele.
Añadió que los “pandilleros son tontos” si pensaron que asesinar policías obligaría al gobierno a dar marcha atrás en su lucha contra estos grupos criminales.
“No vamos a retroceder. Y si ellos pensaban que se había desatado la fuerza del Estado sobre los criminales, pues ahora verán la verdadera fuerza del Estado”, advirtió.
Desde el 26 de marzo, cuando ocurrieron 26 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en años, Bukele le pidió al Congreso que aprobara el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como el de la asistencia de un abogado.
Antes de amanecer el domingo 27 de marzo, y horas después que el Congreso aprobó el estado de excepción, unidades policiales y militares fuertemente armadas irrumpieron en barrios y comunidades populosas, bastiones de las pandillas. Ya liberados de la obligación de tener que explicar cada arresto y de tener que facilitarles a los sospechosos el acceso a abogados, fueron de puerta en puerta, sacando de arrastradas a números jóvenes. Rodearon las zonas con alambres de púas y decidieron quien entrababa y quien salía, exigieron identificaciones.
En tres meses fueron detenidos más de 43 mil presuntos pandilleros, una cifra enorme en un país de solo 6.5 millones habitantes. Según la información oficial, los jueces han decretado detención provisional para más de 36 mil personas acusadas de delitos como homicidio, extorsión, posesión de armas, agrupación ilícita o colaborar con las pandillas.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades, entre ellas detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso
