A todos les llega la hora y Antonio Pinedo Cornejo, el antiguo secretario de Comunicación Social, le llegó el jueves cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción lo ubicaron en un restaurante de Ciudad Juárez, donde le cumplimentaron una orden de aprehensión. El delito: uso indebido de atribuciones.

La Fiscalía Anticorrupción lo buscaba porque, de acuerdo con la investigación, con otra funcionaria y la representante de dos empresas crearon un esquema para que gobierno las contratara por montos que dieron un total de 9 millones de pesos. Desde luego, la operación era ilegal por el conflicto de intereses.

El juez que llevaba el caso lo llamó a comparecer, pero no lo hizo, lo que automáticamente invalidó el amparo que había tramitado para evitar su detención. Por lo que tendrá que enfrentar sí o sí la acusación. Habrá que ver los detalles del proceso y las reacciones de los funcionarios actuales.

Pinedo estuvo desde el inicio de la administración de Javier Corral, allá por el lejano 2016. Dejó el cargo en 2018, el año en el que la investigación marca que ocurrieron los negocios sucios. El hecho entonces estuvo acompañado de otros cambios en dependencias, lo que pareció algo normal.

Sin embargo, la gestión de Pinedo terminó con muy malos comentarios y fricciones, por lo que su salida no desentonó del todo. Las acusaciones llegarían después, así como su intermitente presencia en las actividades del estado, aún con la lupa sobre él. Veremos qué tiene que decir.


La situación migratoria en Juárez está ocupando a las autoridades. La llegada de las personas a bordo del tren es un punto clave, pues se ponen en riesgo con tal de llegar a la frontera, aunque consideran que es el precio que se debe pagar para buscar una vida mejor del otro lado del río.

El cruce irregular también obligó a las autoridades a reunirse. Primero, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya, dialogó con representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sobre la situación que viven los migrantes.

Loya informó que se han atendido más de 500 incidentes relacionadas con migrantes. Las personas son víctima de diversos delitos. El más reciente fue un secuestro: fueron sacados a la fuerza de un hotel y aparecieron horas después. La SSPE ha tomado acciones para que esto no se repita.

Adicionalmente, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar se reunirá con funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) para definir también acciones a favor de la población en movilidad. El presidente AMLO ha descartado desde ya redadas y detenciones. Pero hace falta algo más.

Si el escenario se mantiene, entonces se requerirán espacios, alimento, agua, otros suministros, y por lo tanto, recursos para costearlos. Se espera que haya cooperación entre los organismos.


La discusión ha subido de tono en el Congreso de la Unión. Diputadas y diputados se han dado con todo por igual. De los insultos han pasado a los manotazos y empujones. Los zafarranchos han quedado grabados en video y han servido para debatir ampliamente en redes.

En uno de esos casos estuvo involucrada una representante de Chihuahua: Rocío González, del Partido Acción Nacional, quien exhibió una agresión por parte de la diputada Marisol Gasé durante la discusión por los recortes presupuestales. La denuncia de la panista va en serio.

El caso llegó al Congreso de Chihuahua, donde la bancada panista lamentó la agresión a su compañera, que en algún momento también legisló en la entidad. La presión por estas agresiones seguramente subirá de tono y buscarán una sanción ejemplar para los involucrados.

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