Chihuahua ha sido uno de los estados que más ha sacado provecho del programa de regularización de autos de procedencia extranjera. Ocupa el segundo lugar, con más de 313 mil trámites y más de 783 millones de pesos recaudados con los procesos. Junto con Baja California y Tamaulipas concentran más del 51 por ciento de los trámites.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda estatal, el Gobierno de México ha entregado unos 400 millones de pesos para la reparación de caminos, lo que ha colocado a Chihuahua en el primer lugar por metros cuadrados intervenidos, con 837 mil 990. Mucho dinero, muchas obras.
Y por si fueran pocos esos 300 mil vehículos regularizados, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció una extensión en el programa. Originalmente iba a terminar el 30 de septiembre, en poquísimos días, pero ante la alta demanda de la población se ha ampliado hasta el 31 de diciembre.
La extensión casi llega como una respuesta a quienes han preguntado qué pasará con los vehículos que tienen un número de serie que empieza con una letra. Desde que se implementó el programa en marzo de 2022, los propietarios tienen esa duda, y no son pocos.
Pues la pregunta no se resolvió pero se dio una opción a las personas: consigan un auto que sí se pueda regularizar, todavía hay tiempo, y desásganse del que empieza con letra. Sin embargo, no es una acción que todos puedan realizar, no es sencilla, se requiere de recursos.
Se ve lejos la regularización para los autos de ese tipo, así que las personas tendrán que hacerse de uno que cumpla los requisitos o seguir en la irregularidad y las consecuencias que ello traiga.
La extensión del programa ha causa ya reacciones. Muchos dicen que se aumenta el parque vehicular en la ciudad, y por lo tanto el tráfico. Otros ven una afectación directa a la venta de autos en agencias. Otros cuestionan los problemas ambientales. Aunque para muchos, tener un auto así es lo único.
Como se esperaba, Antonio Pinedo Cornejo, antiguo vocero del Gobierno de Chihuahua, dijo que es víctima de una persecución política por haber pertenecido a una administración anterior. El exfuncionario fue vinculado a proceso penal por el delito de uso indebido de funciones.
Pinedo Cornejo fue acusado de beneficiar a empresas en las que estaba su pareja y otras personas conocidas o con algún parentesco. En total se entregaron 9 millones de pesos en contratos. El exsecretario ha negado esta relación, pero la jueza que lleva el caso consideró que hay elementos suficientes para que se investigue a fondo.
La audiencia de vinculación se extendió por unas seis horas. En la sesión, el exvocero tuvo la oportunidad de brindar unas palabras y confirmó las sospechas que había: no tenía una buena relación con el exgobernador Javier Corral. Quizá ahora lo diga por su condición o porque ha pasado mucho tiempo, pero está convencido en que no fue nada buena.
Asegura que no se prestó para los caprichos del exgobernador y finalmente dejó el cargo en 2018, no sin antes haber hecho movimientos sospechosos que hoy lo tienen tras las rejas, y donde estará por lo menos seis meses más en lo que concluye la investigación de la Fiscalía.
El verde olivo en una fachada de la avenida Lincoln ha llamado mucho la atención. En medio de una zona donde reina el bullicio, la fiesta y los excesos, sobresale un edificio con el sello del Ejército Mexicano, se trata de las nuevas instalaciones para resguardo y trabajo de los elementos.
Los agentes tienen una nueva sede desde donde se afinarán las estrategias de seguridad. Es llamativo que esté ahí por ser una zona de bares, aunque ha menguado en los últimos años, deja de ser referencia para quienes buscan diversión nocturna. Eso sin duda cambiará.
A nivel federal se le ha dado mucha importancia a las Fuerzas Armadas. A nivel local se quiere avanzar en ese sentido y que los agentes respondan a las situaciones de emergencia, también que trabajen en la prevención, pero más aún, en el combate frontal a los grupos criminales.
